Ante el rechazo al decretazo por parte del Consejo de Gobierno

Desde Universidat queremos hacer constar con respecto a la Declaración del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza del 10 de mayo de 2012, en torno al rechazo al Decreto-ley 14/2012, que:

1º La redacción del texto responde a una estrategia de consenso entre diferentes colectivos de estudiantes, personal administrativo y profesorado; que busca la unidad de la comunidad universitaria frente al decreto y que pretende aglutinar al máximo número posible de sensibilidades.

2º En consecuencia con lo anterior, no suscribimos como propio un texto como éste, que deja fuera multitud de exigencias necesarias para la comunidad educativa. Universidat ha apoyado el texto coyunturalmente pero en sus reivindicaciones van mucho más allá.

3º  Consideramos como evidente la importancia de que primen en la lucha contra este decreto los planteamientos más locales. Se hace necesario un cambio en la perspectiva de este texto, de forma que se muestre que el decreto constituye una injerencia inaceptable en la autonomía de la Universidad Pública Aragonesa. La perspectiva estatal de influencia españolista ha de dar paso a una de ámbito nacional.

4º Apoyamos la adición de un quinto punto, salida desde los y las estudiantes, que remarque la necesidad de primar la defensa a la Universidad Pública frente a las  empresas dedicadas a la educación. No entendemos la negativa del rector a incluir este punto dentro del texto que finalmente no fue aprobado por el Consejo de Gobierno.

5º Si el equipo rector está realmente en contra de este decreto debería haber sido más contundente a la hora de rechazarlo. Estaremos a la espera de las reacciones por parte de la Consejería de Educación y si el gobierno de la universidad tiene la responsabilidad suficiente como para negarse a aplicar estas medidas.

6º La lucha contra este decreto y el resto de ataques que está cometiendo el poder no se lleva a cabo únicamente en órganos como el Consejo de Gobierno, sino que ha de conseguirse una respuesta social constante a base de movilizaciones y de acción directa.

DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 10 de mayo de 2012

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza rechaza rotundamente el Real Decreto-ley 14/2012 de 21 de abril por considerar que perjudica gravemente el modelo de Universidad pública y atenta contra el derecho de igualdad de oportunidades garantizado en el marco legal vigente.

Manifestamos igualmente nuestra reprobación al procedimiento seguido para implantar por sorpresa medidas de trascendencia sin exponerlas, debatirlas y consensuarlas con los representantes de la comunidad universitaria.

Ni en el fondo ni en la forma podemos aceptar esta imposición contraria a los principios de la autonomía universitaria, lacerante para nuestros estudiantes presentes y futuros, y lesiva para el colectivo de trabajadores universitarios.

La subida de los precios públicos golpea económicamente a los más débiles, excluye a un amplio sector de la ciudadanía especialmente vulnerable en un momento de profunda crisis y, en consecuencia, resulta inútil para paliar la escasa financiación de la Universidad pública aragonesa. El Real Decreto-ley supone, además, una injerencia en aspectos cuya competencia está reservada a las instituciones académicas. Y, por último, establece criterios para valorar la dedicación docente e investigadora que, lejos de introducir un estímulo para avanzar, entrañan un grave retroceso en el camino recorrido. En consecuencia, agrava los problemas de la Universidad pública en lugar de sentar las bases para solucionarlos.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, entendiendo que este Decreto es un obstáculo para la mejora de la Universidad pública, acuerda:

1. Que las medidas de gasto público contenidas en esta norma de urgencia comprometen la calidad de la Universidad pública y resultan contrarias a sus funciones propias, a la vez que plantean problemas que hacen imposible su aplicación.

2. Demandar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que retire este Real Decreto-ley.

3. Trasladar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la necesidad urgente de que los planteamientos para mejorar la Universidad pública sean revisados teniendo en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria y respetando su representación legítima.

4. Animar a toda la sociedad a participar en la defensa y la mejora del sistema universitario como servicio público que garantiza progreso, futuro y cohesión social.

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